La directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura, Adela Rueda, ha comparecido este viernes ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes de la Asamblea para informar sobre la incoación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cruz de Cáceres, defendiendo la solvencia técnica, el rigor jurídico y la transparencia del procedimiento.
Frente a las acusaciones de instrumentalización política y ocultación del origen franquista, la directora general ha sido categórica: «Los informes técnicos no ocultan el origen del monumento. Lo documentan, lo contextualizan y lo explican con todo detalle». Los informes reproducen las inscripciones originarias de 1937, explican que se erigió en homenaje a los caídos del bando sublevado, describen su función conmemorativa y propagandística, y analizan su relación con las políticas de memoria del franquismo.
Sobre las críticas de algunos historiadores que han denunciado una supuesta «tergiversación» de sus trabajos, la directora general ha precisado: «Sus investigaciones se han utilizado como fuentes historiográficas para documentar hechos y contextualizar, no como adhesión a la conclusión del expediente. Un autor puede discrepar de la valoración patrimonial y, al mismo tiempo, su trabajo seguir siendo una fuente válida para acreditar datos históricos». «Citar no es respaldar», ha argumentado Rueda.
La responsable de Patrimonio ha desmontado también el argumento de que la incoación ‘blinda’ el monumento frente a la Ley de Memoria Democrática: «Incoar no es declarar. Incoar es abrir un procedimiento legal para determinar si concurren valores patrimoniales suficientes o si no resulta procedente. Este expediente está en trámite y se examinarán todas las alegaciones antes de adoptar una decisión definitiva».
Adela Rueda ha desgranado ante la Comisión los tres fundamentos técnicos de la incoación: valor histórico (temprana cronología de 1937 y su transformación en 1984), valor urbanístico (hito en la plaza de América durante casi 90 años) y ausencia de idealizaciones (obra formalmente sencilla cuya valoración descansa en su monumentalidad). Destacó la importancia del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Cáceres de 1984 por el que se resignifica el monumento y pasa a tener un carácter ¿funerario¿, en homenaje a todos los cacereños fallecidos en distintos conflictos bélicos.
Asimismo, la directora general enfatizó «el máximo respeto de la Junta de Extremadura a todas las víctimas», un respeto que se ha demostrado «exhumando fosas que no se había exhumado anteriormente por falta de diligencia del anterior Gobierno».